El Gobierno de Estados Unidos está recopilando de forma secreta datos
de las llamadas telefónicas de al menos una compañía de teléfonos
norteamericana, bajo el amparo de una ley de la anterior Administración,
con conocimiento de los jueces y del Congreso y con la justificación de
la obtención de información para luchar contra el terrorismo, según han
admitido fuentes oficiales.
Esta recopilación de datos, de acuerdo a esas fuentes, no incluye la
escucha de las conversaciones ni el registro de los nombres de las
personas que hacen las llamadas, pero ha sido inmediatamente criticada
por grupos de defensa de los derechos ciudadanos y por algunos
congresistas como una intromisión excesiva por parte del Gobierno en la
privacidad de las comunicaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Josh
Earnest, ha insistido este jueves desde el avión del presidente en que
el programa de registro de llamadas garantiza que no se acceda al
contenido concreto de las conversaciones y que fue revisado
constantemente por los tres poderes del Gobierno para asegurar que "se
ajustaba a la Constitución". "Este estricto control demuestra el deseo
del presidente por garantizar el equilibrio necesario entre la
protección de la seguridad nacional y los derechos y las libertades
constitucionales", ha señalado.
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